Pachamama contra el capitalismo en Perú

IndigenasPeruMineriaEn los últimos años se viene librando una lucha en casi todo el territorio peruano, es una lucha protagonizada por los pueblos indígenas pero también por poblaciones mestizas, que defienden su derecho a seguir existiendo como pueblos y defienden también a la naturaleza agredida o amenazada por proyectos extractivistas.

Cómo el Perú se volvió “país minero”

La presencia de la minería tiene una larga historia en el espacio andino, el tiempo de dominación española es recordada por el trágico destino de los mitayos, indígenas esclavizados en diversos trabajos, pero principalmente -y el más odiado en su tiempo- la mita minera. Pero aún con ese auge minero, la economía siempre estuvo diversificada, hasta que en los años 90 y con la implementación del neoliberalismo, se comenzó a construir la idea de que el Perú es un país minero.

A partir de 1993, la legislación neoliberal favoreció a empresas transnacionales extractivistas, principalmente mineras y petroleras. Si bien ya habíamos conocido de los devastadores efectos de este tipo de industrias en el siglo XX, estos habían sido casos aislados y parecieron desaparecer con el gobierno izquierdista de Velasco (1969-1975) que nacionalizó las principales empresas de estos rubros. El neoliberalismo impulsado por Fujimori (1990-2000, hoy preso por corrupción y violación de derechos humanos), privatizó todas las empresas y fomentó concesiones de grandes extensiones, afectando territorios de los pueblos indígenas, organizados en comunidades campesinas y nativas.

Se vendió la idea de que la minería es la mayor fuente de riqueza y los pocos impuestos que estas empresas dejaban al Estado, incrementaron los ingresos fiscales. Sin embargo, no es que otras actividades no produjeran igual o mayor riqueza, solo que fueron puestas en desventaja ante la minería, pues esta gozó de beneficios tributarios. Además, la idea de que la minería y el petróleo generan empleo es relativa, pues el empleo generado es menor que en otras actividades como la agricultura. Para completar, los daños ambientales que minería e hidrocarburos dejan son inmensos, haciendo que a la larga su costo sea mayor que su beneficio.

Los pueblos empiezan a levantarse

La resistencia a estos proyectos surgió tempranamente, en 1998 se organizaron los primeros frentes y comités de pueblos afectados por la minería, que formaron la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), el año 2003 las protestas de la provincia de Espinar lograron que la mina Tintaya firmara un Convenio Marco con la provincia, que fue tomado como un modelo de diálogo y negociación entre empresa y población. Ese mismo año, el pueblo de Tambogrande logró expulsar a la minera Manhatan tras la primera consulta vecinal, que fue tomada como modelo en otros países del continente.

Esos años las concesiones crecieron enormemente, el 75% de la amazonía fue concesionada a empresas petroleras y en la sierra las concesiones mineras crecieron por miles. El gobierno de Alan García (del partido socialdemócrata Apra) promulgó decretos legislativos para facilitar la venta de territorios indígenas. El año 2008 los pueblos se rebelaron.

En junio, la población de Moquegua tomó las carreteras exigiendo mejor distribución del canon minero, llegaron a apresar algunos policías y un comandante decidió no reprimirlos para evitar mayor derramamiento de sangre. Entre agosto y setiembre, varias naciones amazónicas agrupadas en la Asociaciación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) realizaron su primer levantamiento, logrando frenar los decretos del gobierno. Hecho que fue repetido el año siguiente, logrando la derogación de esos decretos tras un fuerte enfrentamiento que trajo más de 30 muertos entre indígenas y policías, conocido como el “Baguazo” (5 de junio de 2009).

En octubre de 2008 la provincia de Canchis realizó el primer “levantamiento” producido en la sierra, contra las concesiones mineras y el proyecto de la hidroeléctrica Salcca Pucara, que amenazaba sus fuentes de agua. Los años siguientes se levantaron Espinar, Andahuaylas, Carabaya, Tacna, Quillabamba, Azángaro, Lampa, Puno, Ancash, Islay, Cajamarca, Cañaris, etc. Cada pueblo rechazando algún proyecto extractivista concreto, pocos casos lograron anular los proyectos (la hidroeléctrica de Inambari en Carabaya, la mina Santa Ana en zona aymara y la mina Tía María en Islay) pero al menos los hicieron estancarse hasta el momento.

Los “antimineros”

Las empresas han recurrido al poder económico, la corrupción, los medios de comunicación y su control del Estado para imponer sus proyectos. El 2011 fue electo presidente el nacionalista Ollanta Humala, quien había ofrecido cambiar esta situación, pero terminó enrolado en el modelo neoliberal extractivista. Los sindicatos nacionales han sido corrompidos para debilitar las luchas, incluso Conacami y Aidesep ahora son cuestionados por moderar su orientación a un plano reconciliador con las empresas.

Cada lucha ha creado o recreado sus organizaciones locales, principalmente Frentes de Defensa y Comités de Lucha, que rechazan el proyecto que amenaza su territorio y desconfían de sindicatos nacionales y partidos de izquierda. El discurso de reivindicación indígena, fuerte ya en la amazonía, se contagió en los andes. Todo esto hizo que sectores de la izquierda “formal” los tildaran de radicales (es anecdótico que los rebeldes de Canchis fueron llamados “anarquistas”). La derecha los acusa de estar manipulados por el chavismo o el “terrorismo”, se habla de una supuesta conspiración “antiminera”, ven una conspiración donde hay apenas niveles de coordinación surgidos por la similitud de los casos. La unidad es un deseo de muchos dirigentes, pero hasta ahora sólo es un deseo.

Estos frentes de defensa recogen un sentir colectivo y ponen en la dirigencia a los más “radicales”, pues varios dirigentes suelen ser comprados por las empresas, así que cuanto más radicales sean hay al menos un poco de garantía que no se venderán. Los dirigentes no reciben ningún beneficio económico por su cargo y más bien reciben la criminalización por parte del gobierno y la represión descarada. Las empresas controlan directa o indirectamente a las fuerzas policiales. El costo de las luchas llevan más de 100 muertos, cientos de heridos, detenidos y procesados; pero han logrado el respaldo de organizaciones no gubernamentales (ONG), colectivos urbanos, organizaciones internacionales y algunas autoridades locales como el alcalde de Espinar Oscar Mollohuanca y el presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos.

Lecciones de estas luchas

La base de todas estas luchas es la organización comunal, se trata de comunidades campesinas, comunidades nativas o rondas campesinas organizadas asambleariamente, algo así como una democracia directa en la que la asamblea toma las decisiones. Organización ancestral y milenaria que ahora se está extendiendo. Poco tiene que ver con la democracia formal, las comunidades tienen sus propias formas de elegir, revocar o reelegir a sus autoridades y dirigentes.

Desde noviembre de 2011, las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc vienen deteniendo el proyecto minero Conga, han logrado contagiar su reclamo a toda la región Cajamarca, desde su presidente regional, pasando por los estudiantes, hasta la iglesia local. Activistas de oenegés ambientalistas encabezados por el exsacerdote y ahora político Marco Arana también son hostigados por la mina y el Estado. La protesta ha logrado desactivar en los hechos el Estado de Emergencia decretado por el gobierno entre junio y agosto. Los principales actores son los ronderos, organización de autodefensa y vigilancia campesina surgida en los años 70 precisamente en Cajamarca, estos se turnan para vigilar las lagunas que serían secadas por el proyecto minero, se autodenominan “guardianes de las lagunas”.

En mayo de 2012 la provincia de Espinar estalló exigiendo la reformulación del Convenio Marco con la mina, desenmascarando la supuesta convivencia entre mina y población que era tomada como ejemplo. Denunciaron daños ambientales que permanecían ocultados por el poder mediático de la mina. La empresa Xstrata respondió instalando una comisaría en su campamento, llegando a detener al alcalde y activistas de la Prelatura de Sicuani, por apoyar la protesta. Finalmente se instaló una mesa de diálogo que hasta la fecha viene entrampada.

Las mesas de diálogo han sido la forma que usa el Estado para solucionar el conflicto, ninguna ha hecho caso a las demandas de la población y su existencia es cada vez más cuestionada. Sin embargo, muchos pueblos aceptan su instalación por estrategia, para que el Estado no los acuse de intransigentes.

La principal demanda es la defensa del medio ambiente, es lo que agrupa y da fuerza más que la demanda por los derechos comunales, que también es fuerte, o reivindicaciones económicas que quedan en segundo plano. Esto no fue así desde el comienzo, en la lucha se ha ido formando un discurso ambientalista que recoge el principal elemento de la cosmovisión indígena: el respeto y agradecimiento a la naturaleza. Los seres sagrados son los apus (cerros), qochas (lagunas), cataratas como la “tunda” en el pueblo awajún (el del “Baguazo”), y la tierra misma, llamada Pachamama en los andes.

Mientras escribo estas líneas, el pueblo quechua de la provincia de Cañaris viene enfrentando otro proyecto minero, el gobierno ha afirmado que este año de todas maneras implementará los proyectos Conga y Tía María, los pueblos amazónicos y andinos se preparan para nuevas jornadas. Esta vez la Pachamama ha encontrado a los mejores de sus hijos para frenar las agresiones del capitalismo, quien sabe si en esas batallas surja un nuevo mundo para reemplazar al sistema de explotación y alienación que nos domina.
Roberto Ojeda Escalante es miembro del Colectivo “El Muro”, de Cusco, Perú, además de editor del periódico “Lucha Indígena”. Publicado originalmente en el portal de noticias indígenas Servindi (Perú).