Las caras de los extractivismos

Los diferentes extractivismos, sus impactos sociales y ambientales, el papel del Estado, otros temas, fueron abordados en una entrevista en Lima, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú, con Eduardo Gudynas (CLAES).

GudynasColoquioPeruPUCPEduardo Gudynas, investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), se encuentra en Lima para participar en el Coloquio Gobernanza local, pueblos indígenas e industrias extractivas en América Latina: transformaciones y continuidades, actividad académica organizada conjuntamente por DESCO – Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, el Graduate Institute of International and Developement Studies de Ginebra, la Universidad de Lucerna y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).  José Alejandro Godoy y Gustavo Zambrano, integrantes del equipo del IDEHPUCP, lo entrevistaron para nuestra página web en torno al concepto de extractivismo, sobre el que expuso en el mencionado evento y que, además, ha sido debatido por políticos y autoridades peruanas.  A continación el diálogo.

¿Qué podemos entender por extractivismo?

Usamos una definición que es, a la vez, amplia pero estrecha y que intenta ser muy rigurosa, porque las confusiones sobre los usos del término afectan el diagnóstico de los problemas y como analizar y proponer alternativas. Nuestra enunciación parte del uso tradicional del vocablo por parte de los movimientos sociales, que aluden a las actividades mineras y petroleras, desde los años 70 y 80, dado que el Banco Mundial usaba el término “industrias extractivas”. Luego llegó un momento en que cualquier cosa podía ser extractivismo – como el cultivo de un campesino para su propia alimentación -, por lo que, partiendo de su origen histórico y adaptándolo a lo que se vivía en América Latina en los últimos años, señalamos que esta palabra designa a la extracción masiva y muy intensa de recursos naturales para insertarlos en la globalización. Por lo tanto, es un caso particular de aprovechamiento de recursos, de una articulación entre sociedad y naturaleza.

Por tanto, ya no solo nos concentramos en la extracción de minerales, gas y petróleo, sino también en el cultivo masivo de la soya en algunos países de América Latina.

Ojo, no toda actividad minera es extractivismo. En buena parte de nuestros países, dicha actividad supone extraer roca y tierra para la construcción, es decir, para el mercado local, lo que no entra en nuestra definición porque no se exporta. De esta manera, si quedan inmersos en nuestra definición varios rubros de la agroexportación y agroindustria, lo cual hace mucho sentido para los países del Cono Sur, donde la soya es el equivalente a la gran minería en el Perú. También ingresarían actividades como la destrucción de manglares para cría de camarones para exportación, la pesca intensiva para hacer harina de pescado, entre otras.

Es decir, estamos hablando de actividades que tienen un gran impacto en el medio ambiente.

Nosotros, en atención a ello, dividimos los extractivismos en una mirada de la ecología política en cuatro generaciones, de acuerdo a la cantidad de energía y materia que se utiliza para extraer cada unidad de recurso natural. Lo que observamos ahora son los extractivismos de tercera generación, donde se comprende la minería a cielo abierto o las torres de perforación petrolera de múltiples pozos en la Amazonía. O también extractivismos de cuarta generación, como la explotación del gas por fractura hidráulica. Los extractivismos de tercera generación tienen alto impacto ambiental, casi siempre tienen mucho impacto social y territorial y de muy dudoso efecto económico – o negativo – cuando se revisa con rigurosidad.

Con impacto económico nos referimos con impacto en el empleo, mayores recursos para las comunidades o mejores oportunidades.

La defensa del extractivismo dice que esos son algunos de los efectos positivos. Lo que pasa es que la mayor parte de las consecuencias no son evaluadas económicamente y son invisibles. Cada vez que se les adjudica a un costo, supera al beneficio económico por exportación de materias primas. Ese costo, aunque no sea calculado por el Ministerio de Economía, existe y lo van a pagar la sociedad y los gobiernos locales.

Una cuestión que, a veces se menciona, es que hablar de extractivismo implica cuestionar el modelo de desarrollo. A partir del debate que usted tuvo con el ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal, ¿estamos hablando de un nuevo modelo de desarrollo?

El extractivismo es parte del modelo de desarrollo convencional. Lo que se denomina como “neoextractivismo” no es un cambio de postura, sino a aquel que es encarnado por gobiernos progresistas, que se llevan delante de otra manera, pero el costo social y ambiental es similar. Hay otro uso del aparato del Estado y de los beneficios económicos y los términos de la discusión son distintos.

¿Cuál es la diferencia?

El extractivismo progresista es defendido como herramienta para financiar al Estado y a los programas de lucha contra la pobreza, bajo una retórica de izquierda, defendiendo la soberanía nacional.

Entonces, los estudios que se llevan a cabo sobre el extractivismo apuntan a cuestionar esta forma de aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Se busca construir una alternativa o una regulación mayor a determinadas actividades?

Cuando se usa este tipo de análisis no nos referimos a un solo proyecto minero o petrolero, sino a un conjunto de actividades. Cualquier variedad de extractivismo, con mayor o menor presencia estatal, termina en impactos sociales y ambientales, porque es su naturaleza básica. Pensar en salidas implica en pensar por fuera de cualquiera de las alternativas actuales de desarrollo. Advertencia: esto es distinto a la forma cómo construyo una transición. El horizonte de cambio es salir del actual esquema de desarrollo.

En ese sentido, ¿qué impacto tiene el extractivismo en el ejercicio de los derechos humanos?

Terrible. Se ha subestimado el impacto negativo de los extractivismos en los derechos humanos, pues se ha atacado casos en forma aislada. En CLAES, cuando hicimos una revisión para el texto que he presentado, encontramos que en todos los países sudamericanos hay violaciones a los derechos humanos asociadas a proyectos extractivistas. En todos los países del subcontinente que tienen poblaciones indígenas – todos, menos Uruguay – hay vulneraciones a los derechos de estos colectivos.

¿Cuáles son los derechos vulnerados en este último caso?

Hay vulneraciones a derechos como la consulta y el acceso a la información, el derecho a un ambiente sano y a la calidad de vida, así como aquellos vinculados con los temas laborales. Va subiendo la gravedad de violaciones hacia formas de persecución a líderes ciudadanos, espionaje y seguimiento ilegal, criminalización de la protesta. Hallamos también el uso distorsionado del sistema judicial: en Brasil, los procesos vuelven inoperantes a los dirigentes sociales que deben estar atendiendo demandas, ven embargados sus bienes y no pueden viajar. Y lo que es más grave, es la tolerancia y la débil investigación frente a violencia en protestas sociales, arrestos ilegales y muertes en marchas, así como el asesinato de dirigentes.

En esta reflexión sobre el extractivismo, ¿cómo entran las actividades ilegales? En Madre de Dios, región peruana, existen severos problemas con la minería y tala fuera de la ley, buena parte de la cual se destina para la exportación.

Es igual. En el caso de la minería ilegal de oro de Madre de Dios, caso similar al de Bolivia, Brasil y Colombia, está repleto de violaciones. Al ser una actividad ilegal, el proceso se mueve bajo la violencia, tanto de quienes llegan contra las comunidades indígenas o campesinas, se producen disputas por territorios o por quien se apropia de la mejor veta. También hay violencia entre quienes extraen el oro y quienes lo acopian. Sumemos a ello lo que ocurre en Perú y Bolivia sobre el tráfico de niñas y adolescentes para explotación sexual y trata de personas en los campamentos mineros.

Finalmente, ¿qué debería hacer un Estado para modificar o iniciar el tránsito hacia un modelo que no sea dependiente exclusivamente de la extracción de recursos naturales?

Es una pregunta difícil de contestar en forma sencilla. Hay que reformar la organización del Estado: por ejemplo, el rol del Poder Legislativo y del Poder Judicial o la forma de organizar el presupuesto. Los gobiernos tienen mucha plata y la usan en cosas sorprendentes. Hay que ver la relación con los niveles subnacionales. En los países de la región, a ritmo rápido avanza la reflexión sobre cómo entender la posibilidad de contar con sociedades no extractivistas, a partir de un sector de la academia, algunos activistas y algunos políticos. Se incorporan avances importantes como la idea del “buen vivir”, que va más allá del concepto del desarrollo, constantemente atacada por izquierdas y derechas. Estas últimas lo perciben como el sueño de una izquierda utópica que paraliza el desarrollo del país, mientras que las primeras la ven como un neoliberalismo disfrazado que sirve a los intereses transnacionales. La discusión que estamos planteando no es entendida por las viejas generaciones.

Publicado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos, PUCP, Perú.