Por Eduardo Gudynas (CLAES) – El 2010 será un año dedicado a la conservación y la biodiversidad. Es un tema de la mayor urgencia y a pesar de su enorme relevancia, parece ser que todavía no se asume su gravedad.
El seguimiento que se hace desde CLAES a una escala continental no deja lugar a dudas: la situación ambiental se sigue deteriorando en América Latina. En algunos casos, los impactos alcanzan extensas escalas geográficas y en otros casos son muy agudos. Las acciones en conservación y gestión ambiental no logran detener esa marcha y apenas sirven para enlentecer algunos procesos. La brecha es negativa y aumenta año tras año.
Pero sobre esta tendencia se suma otra, posiblemente más preocupante. Los gobiernos, las agencias internacionales y buena parte de la opinión pública, parecen inclinarse más y más a aceptar este hecho. Las demandas y preocupaciones ambientales no guardan correlación con la gravedad de los problemas ambientales. Si así fuera, distintos gobiernos y un puñado de agencias del sistema de Naciones Unidas deberían estar lidiando con una emergencia ecológica planetaria. De la misma manera, los reclamos ambientales deberían encontrarse entre las principales demandas ciudadanas, junto a asuntos como la educación o la salud. Pero esto no está ocurriendo.
La crisis ambiental es grave, y se sigue acumulando la evidencia. Para ejemplificar la situación se pueden recordar dos ejemplos de las últimas semanas: se informa que la ecoregión de la Caatinga, en el nordeste de Brasil, perdió el 45 % de la superficie bajo su vegetación original (aquí…), y una vez más se alerta sobre la continua deforestación en el Chaco de Paraguay (aquí…)
La reacción de los gobiernos, y de los sistemas políticos, no es muy prometedora. La marcha de los nuevos gobiernos latinoamericanos, incluyendo las diversas formas de izquierda y progresismo, muestran que no están fortaleciendo las políticas y acciones ambientales. Por el contrario, persisten con los énfasis extractivos, se apuesta a aumentar las exportaciones de la minería, hidrocarburos y granos, y como resultado inevitable, los conflictos ambientales siguen su marcha en casi todos los países.
Es cierto que hay muchas iniciativas en conservación y áreas protegidas, y todas ellas deben ser bienvenidas y apoyadas. Pero también hay que reconocer que esas medidas van muy por detrás del grado de deterioro ecosistémico en marcha en la región. Algunos reportes explican la gravedad de la situación, pero enseguida se matiza la alarma, y se ponen todas las esperanzas en las acciones que se están tomando y que supuestamente servirían para mejorar la situación.
Minimizar, negar, olvidar – parece ser la consigna de los gobiernos. Se repiten los ejemplos de prácticas gubernamentales donde se desatienden los impactos ambientales, se insiste en que están siendo solucionados, o simplemente se los deja de lado. ¿Exageración? Por cierto que no, y un ejemplo reciente basta para dejar en claro la gravedad de la situación: el Ministerio de Salud del Perú no reconoce a La Oroya, una de las ciudades más contaminadas del planeta, en su lista de ciudades sensibles de contaminación y por lo tanto bajo vigilancia ambiental, sanitaria y epidemiológica (vea un reporte aquí…). La Oroya padece por enormes volúmenes de contaminantes que arroja su complejo metalúrgico, que procesa especialmente cobre, plomo y zinc. ¿Cómo se puede justificar ocultar eso? Sus problemas ambientales son de la mayor gravedad, y la afectación a la salud, especialmente la contaminación por plomo de los niños, ha sido denunciada desde hace años.
Parecería que la gravedad de los problemas ambientales aparece como degradada, y allí donde es evidente, queda relegada en la agenda política frente a otras urgencias, algunas entendibles, pero otras no, en tanto están vinculadas a fines productivistas, que a su vez generan más impactos ambientales.
También hay una cuota de responsabilidad en la comunidad académica, tanto latinoamericana, como la extranjera que estudia nuestros problemas ambientales. Un conjunto muy importante de análisis y estudios está orientado a las carreras universitarias, y su destino son artículos científicos que se publican en inglés en journals de los países industrializados. Sus efectos en el debate político criollo son marginales.
A su vez, hay otro conjunto de diagnósticos y artículos que también parecen dar rodeos, repiten muchas cosas que ya sabemos, como por ejemplo, el continuo avance de la deforestación o de la contaminación, y parecería que escudados en cierta “corrección política” terminan en alertas ambiguas, tibias, o muy genéricas.
Esta problemática ha empeorado con la gran difusión que alcanza la perspectiva que concibe que la conservación se deben atacar esencialmente por instrumentos de mercado, que es una forma de inversión, y que apela a respuestas en vender bienes y servicios ambientales. Se mira a los mercados de carbono, decenas de talleres sobre REDD tienen lugar cada mes, y casi todas las áreas protegidas aspiran a convertirse en éxitos comerciales gracias al ecoturismo. El biocomercio es la nueva moda.
Semanas atrás, con orgullo, el GEF, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el PNUMA presentaron su iniciativa de “facilitación de financiamiento para negocios de biodiversidad y apoyo al desarrollo de actividades del mercado” en los países andinos. Su objetivo: conservación y uso sostenible de la biodiversidad mediante el “comercio sostenible y la distribución equitativa de los beneficios” (más…). Iniciativas como ésta, bajo el paraguas del “biocomercio”, se hacen cada vez mas frecuentes, aunque nunca se explica muy bien cuáles son sus éxitos en conservación, y cuáles son los beneficios que “equitativamente” le llegan a las plantas y animales de esos ecosistemas.
Otro flanco en esta problemática surge del papel que están tomando las agencias de Naciones Unidas, especialmente PNUMA y FAO, y la CEPAL en América Latina. Si se examinan sus reportes, la descripción de la actual debacle ecológica es presentada tímidamente, arropada entre frases sobre las acciones gubernamentales o llamativas experiencias alternativas. El sentido de gravedad se disuelve bajo un manto de corrección política donde nadie quiere ofender a algún gobierno, y la urgencia desaparece suponiéndose que ya se están tomando medidas efectivas.
Por ejemplo, ya se adelanta que el próximo reporte de FAO sobre los bosques, demostrará que América Latina, junto a Asia, vuelve a presentar los peores índices de deforestación mundial (ver más aquí…). Pero el oficial de FAO que reconoce este hecho, enseguida matiza la alarma, diciendo que si bien la deforestación “es alta”, de todos modos “presenta tendencias positivas”. ¿Cuán positiva puede ser la tendencia si el ritmo de deforestación latinoamericano es el doble al mundial?
No es la primera vez, y en general, los reportes de FAO parecen decir: “estamos mal, pero no me animo a decirlo” (ver comentario aquí…)
La mercantilización y el lenguaje económico han penetrado en casi todos rincones del quehacer de la conservación, donde parecería que ésta debe ser enfocada como un apéndice de la economía. Evidentemente los instrumentos económicos tienen un papel clave a jugar, y hay mucho para avanzar en ese camino. Pero se ha legado a extremos donde parecería que es indispensable demostrar que proteger la biodiversidad sirve a la producción y genera rentabilidades tan apetitosas como para competir con mineras o petroleras. Las plantas y animales deben ser protegidos por sus propios valores, como parte de un compromiso por mantener los procesos vitales de la Naturaleza, independientemente de su utilidad, o no, para los fines humanos.
Es difícil enfrentar esta problemática en todos estos frentes. Además, casi nadie quiere dar un sombrío mensaje apocalíptico y pesan sobre los hombros del movimiento ambientalista los reclamos para dejar de hacer solamente denuncias y ser proactivos. El resultado: nadie quiere tocar el botón de alarma para dejar en claro que la biodiversidad se está perdiendo en un incendio a escala continental.
Este tipo de cuestiones son las que deberían discutirse sinceramente a lo largo del año internacional de la biodiversidad en América Latina. Deberíamos comenzar por reconocer que la situación ambiental continental es grave, y que es indispensable otra actitud y energía desde los gobiernos para enfrentarlas. Ese esfuerzo debe contar con una activa participación de la comunidad académica, orientando claramente sus aportes a las actuales discusiones ambientales. A su vez, el movimiento ambientalista debería refrescarse, exigiendo una y otra vez proteger la riqueza natural latinoamericana.
E. Gudynas es investigador en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).
Publicado originalmente en el sitio Ecología y Conservación de CLAES.