No pagan impuestos y contaminan el ambiente. El gobierno todavía no encuentra el camino correcto para formalizarlos. Una mirada a esta actividad desde Arequipa, una de las regiones en donde los informales superan los 60 mil. La formalización debe concluir en abril del próximo año y persisten las piedras en el camino.
Cada media hora sale un minibús. Los vehículos se estacionan en el centro de Camaná, uno de los balnearios de Arequipa, y recogen por lo menos 25 pasajeros que viajan a Secocha. En este pequeño centro minero viven diez mil mineros informales con sus respectivas familias. El campamento es legendario, sin embargo, su crecimiento casi cancerígeno estalló hace una década, cuando los precios del oro comenzaron a escalar. La informalidad minera en el país se ha acentuado en Piura, Arequipa, Ayacucho, Ica, Madre de Dios, Puno y la sierra de Lima.
Esta actividad no solo evade impuestos, también contamina el medio ambiente, los relaves son lanzados sin tratamiento a ríos, suelos, bosques, etc. En este gobierno se lanzó un marco legal para formalizar la actividad que comprendía cinco etapas. La primera corresponde a las Declaraciones de Compromiso, el deseo que manifiestan los mineros de regirse al amparo de la ley. Arequipa tiene 17 mil 360 inscritos en este padrón. El proceso se quedó en la inscripción. Faltan las más difíciles: por ejemplo, que los informales lleguen a acuerdos con los dueños de las concesiones. De igual forma, la declaración ambiental, la licencia de agua, etc.
Las estadísticas de la Gerencia Regional de Energía y Minas y la Autoridad Regional Ambiental de Arequipa, determinan que habría más de 60 mil mineros a pequeña escala y artesanales en la región. En todo el país la cifra sobrepasa los 300 mil.
Patricia Pinto, responsable del Proyecto Vigila Perú del Grupo Propuesta Ciudadana, señala que cientos de personas fueron empujadas a esta actividad por falta de oportunidades en el sistema formal. “El Estado se ha hecho de la vista gorda con el crecimiento de la informalidad. No hubo un adecuado control sobre áreas de concesiones, tampoco sobre las plantas procesadoras (que reprocesan el mineral explotado en las labores informales)”, precisa Pinto.
Las dos caras del oro
Una de las razones principales que han convertido al oro en un mineral altamente codiciado en el país, obedece a su alta cotización. La onza bordea actualmente los US$ 1,400 en el mercado, se duplicó en los últimos 15 años. Empero, las expectativas hacia delante se perfilan a una baja. El economista Nouriel Roubini (conocido por predecir la crisis del mercado inmobiliario en Estados Unidos el 2008), sostiene que el oro alcanzaría los US$ 1,000 en 2015.
El año pasado, la producción aurífera en el país fue de 161 millones 325 mil 989 de gramos finos. De esa cifra, el 20% provendría de la actividad informal. Una cuota que les da representación.
La responsable de Fiscalización Ambiental de la Autoridad Regional Ambiental de Arequipa, Gladys Márquez, explica que en las reuniones sostenidas con mineros de diferentes localidades de Arequipa, éstos afirman que han dedicado el grueso de su vida a explotar oro. “Solo en Mollehuaca (capital del distrito de Huanu Huanu, en Caravelí), el 2008 existía la quinta parte de mineros de los que hay ahora”, dice Márquez de la Autoridad Regional.
Agua y formalización
Una de las principales críticas abiertas a la minería informal y por las que el gobierno pretende formalizarlos, gira en torno a la amenaza flagrante al ambiente, producto de sus operaciones. El director de la Autoridad Administrativa del Agua I Caplina Ocoña, Ronal Fernández, expresa su preocupación por el agua. Hay dos cuencas en peligro: la de Caravelí y de Ocoña.
El peligro radica en la contaminación del agua superficial (cauce del río) y la subterránea (por infiltración de los relaves) por el uso indebido del mercurio, que es un insumo altamente tóxico. Los mineros, detalla Fernández, deberían apostar por utilizar tecnologías más amigables con el ambiente, como la gravimetría. Este método emplea agua para obtener el mineral y alcanza hasta el 65% de eficiencia.
Federico Gamarra, responsable de Proyectos de Red Social, esgrime que hay un considerable porcentaje de mineros que buscan ser responsables, pero necesitan capacitación. Precisamente, incidir en una formalización de la minería informal diferenciada por regiones, es la exigencia que se hace al gobierno. “No toda la minería informal en el Perú es como la de Madre de Dios. Hay buenos ejemplos, como Cuatro Horas y otros pueblos mineros en Arequipa y Ayacucho, que incluso tienen códigos de convivencia social sana y no contaminan el medio ambiente. Debe diferenciarse el proceso en facilitar la presentación de trámites, pero mantener las exigencias ambientales para todos”, replica Gamarra. La solución a la informalidad tiene un largo trecho.
Datos
- DE ANTES. Desde el 2002 el gobierno sentó las bases para formalizar la actividad minera a pequeña escala y a nivel artesanal.
- CONTRATOS. Una traba recurrente que impide a los mineros avanzar en formalizarse, es sanear con sus propietarios la ocupación ilegal de concesiones.
Análisis
Dante Pinto Otazú – Abogado
Apuesta por la minería
Si bien en Arequipa el 49% de sus ciudadanos aprueba la actividad minera formal (estudio IPSOS Perú 2013), la minería tiene grandes retos en la región. Uno de ellos es la gestión de conflictos que debe tener un carácter preventivo. Otro está hacia afianzar las cuencas y contribuir a una mejor gestión del recurso hídrico. La otra lucha que deben dar es por la mejora continua de sus procesos; para que sean más eficientes y sobre todo amigables con el ambiente. La batalla que debe ganarse sin duda es contra la ilegalidad e informalidad, que la desdeñan. Respecto a la minería ilegal, al ser un delito solo queda hacer cumplir la ley. Esta minería debe erradicarse y combatirla. Para ello no se necesita mayor trámite administrativo, solo tener la certeza de la situación ilegal y la acción decidida del Ministerio Público. Sobre la informalidad, hay que buscar los mecanismos que coadyuven a que el minero sea formal, no importando si es pequeño, artesanal o mediano. En vez de generar represión, deben crearse incentivos, porque ello impulsaría la actividad y así tendríamos una minería más inclusiva. Con ello quizá se convencería al 51% de arequipeños que desaprueba a la minería y aún reprocha la inoperancia que el Estado y la ley imponen. El proceso de formalización requiere además de mucha voluntad por parte de los mineros, que no tienen todas sus autorizaciones administrativas, pero también de los titulares de las concesiones y del propio Estado. Además se requiere recursos económicos. La minería formal debería sumarse y apostar por este proceso -lo que repercutiría en una mejor imagen de la actividad en general-. Sin duda, no será tarea sencilla formalizar a casi 50 mil mineros en Arequipa, pero tampoco es imposible. Debe ser una motivación permanente, dar sostenibilidad a una actividad económica que crea empleo, riqueza y dinamiza la economía regional, pero siempre en armonía con el ambiente. Además hay que afrontar la informalidad de las demás actividades que rodean la minería. Por ejemplo, un transporte público no autorizado, contrabando de combustible y otros insumos e incluso la comercialización de alimentos al margen de la ley. Todos debemos contribuir con el Estado y su desarrollo. Si la formalidad es el camino, empecemos a andar entonces.
Artículo de G. Retamozo R, en La República, Perú, aquí…