Fue sorpresiva, aunque la decisión era esperada desde hace semanas. El ministro de Medioambiente, Gabriel Vallejo, expidió y firmó finalmente la modificación del decreto 2820 sobre licenciamiento ambiental, con el que se busca agilizar los tiempos de expedición de los permisos para las empresas que quieran hacer minería, explotación de hidrocarburos u obras de infraestructura.
Y la sorpresa tuvo una razón: hace dos semanas, el mismo Vallejo había anunciado que la aprobación del nuevo decreto iba a quedar aplazada hasta nueva orden, porque aunque se habían tenido en cuenta los puntos de vista de cerca de 70 entidades durante más de un año, se querían analizar los cambios con más expertos, agremiaciones, personas del común y especialmente con la academia.
Sin embargo, el martes al atardecer, en una rueda de prensa en la que se esperaba que el Ministro revelara cómo iba el curso de ese proceso, en lugar de anunciar avances lo que se divulgó fue la aprobación definitiva del nuevo decreto. “Ya se habló con las personas que queríamos hablar, ya se hicieron las consultas que queríamos hacer” dijo Vallejo.
Este jueves, el texto de la reforma del 2820 amaneció en el despacho del presidente Juan Manuel Santos, quien debía ratificarlo.
Para los ambientalistas, esto representa un golpe a la conservación de los ecosistemas más sensibles del país, que ahora, explican, deberán afrontar más presiones con más proyectos de infraestructura analizados “a las carreras”.
En cambio, desde gremios que deben desarrollar infraestructuras se celebró la expedición del decreto que agilizará las decisiones que permiten desarrollar obras.
Las reacciones en ambos sentidos obedecen a que el licenciamiento ‘exprés’, como ha sido bautizado este cambio, tratará de reducir los tiempos de expedición de las licencias. Según el Gobierno, hoy las licencias se niegan o se aprueban luego de un mínimo de cinco meses. Incluso, el trámite puede llegar a demorar más de un año.
Además, se explicó, los estudios eran de muy mala calidad. En el 2014 se había devuelto el 48 por ciento de esos estudios.
El exministro Manuel Rodríguez Becerra ha dicho que es irresponsable tratar de igualar el tiempo de estudio de todas las licencias, sin importar su impacto y el proyecto. Además, critica a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) como una entidad que no tiene la suficiente capacidad para estudiar los proyectos en menor tiempo; esto, a pesar de que el Gobierno anunció su reestructuración.
Por su parte, Ricardo Lozano, exdirector del Ideam y ahora analista ambiental, dice que todo esto debe ser complementado con el fortalecimiento de la Anla para que sea capaz de estudiar cada caso con rigurosidad. “Está en juego la sostenibilidad”, expresó Lozano.
Desde otro punto de vista, Ángela Montoya Holguín, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén), dijo que “esta decisión es acertada para agilizar los procesos de licenciamiento de los proyectos, sin afectar la rigurosidad de los requisitos ambientales que se deben cumplir, ni las consultas con las comunidades”.
Al contrario, dice Montoya, el decreto garantiza el total cumplimento de las normas ambientales, y, en el caso específico de su sector, se facilitará la inversión de 10.000 millones de dólares.
“Con esta iniciativa, el ministro Gabriel Vallejo y el director de la Anla, Fernando Iregui, están haciendo un gran esfuerzo gerencial que tiene muchas bondades y que cuenta con todo el apoyo del sector eléctrico”, aseguró Montoya.
Decisiones rápidas
Con el nuevo decreto, la idea es rechazar el proyecto en los primeros 20 días, si no cuentan con unos criterios mínimos de calidad. Y aprobarlo en no más de 4,5 meses. Se anula también la práctica de la entrega de información ‘con cuenta gotas’ a lo largo del proceso de licenciamiento, lo cual afectaba los tiempos de respuesta y el trabajo del evaluador.
La expedición de la licencia incorpora además visitas al campo durante la evaluación, un requisito inédito hasta ahora.
Vallejo explicó que para el caso del fracking, cualquier interés por aplicarlo deberá tener una licencia ambiental, incluso así se tenga un proyecto en curso de explotación de algún yacimiento bajo el esquema clásico.
El nuevo decreto 20 explica que si algún proyecto incluye la intervención de un humedal, un páramo o una zona de manglar se deberá pedir un concepto previo al Minambiente.
Reproducido de una nota en El Tiempo (Colombia), aquí …